El pasado lunes 19 de junio la Asociación de mujeres de Almargen y mujeres no asociadas leyeron el siguiente comunicado en la puerta del Ayuntamiento.

En lo que llevamos de año son 36 mujeres asesinadas por violencia machista que también se han llevado por delante la vida de 6 criaturas.

Quienes hoy estamos aquí, estamos hartas de contarlas, de asistir a minutos de silencios y concentraciones, de escuchar discursos de condena, de lamentos, de duelo…

Consideramos que la violencia machista es cuestión de Estado, que nos afecta a la mitad de la población y que tiene una causa estructural que es la desigualdad entre hombres y mujeres, en cuya relación deben comprometerse todos los recursos que sean necesarios como se exigió en el pacto de Estado reclamado el 7 N en las calles de Madrid.

Sin embargo, ahora en los presupuestos generales de 2017 de próxima aprobación comprobamos que la cantidad destinada a combatir la lucha machista asciende a poco más de 31 millones de euros, lo que supone un 0,00011 del presupuesto y un 10 % menos que hace 7 años. Esto significa que se sigue sin asignar ni un sólo euro a la prevención en los ámbitos educativos, sanitario  y de medios de comunicación, que no se atiende a la violencia sexual como dice el Convenio de Estambúl de 2014. Implica que no se mejore la respuesta judicial y no se cubra el coste de los servicios jurídicos, psicólogos y sociales en las Entidades Locales establecidos en la ley de Igualdad. Significa que ese pacto de Estado nacerá muerto.

Por eso, convencidas de que ha pasado el tiempo de las palabras y es la hora de los hechos, nos hacemos presentes en este Ayuntamiento con una exigencia muy concreta al gobierno del Estado: la consignación de 120 millones de euros en la partida destinada a la lucha contra la violencia machista.

No permitimos rebajas. Entendemos que no es negociable el precio de la vida de las mujeres. Y por eso hoy, en muchos Ayuntamientos se está dando lectura a este manifiesto, como primer aviso de la decisión tomada por quienes no vamos a tolerar la inactividad, la indiferencia, o la incompetencia de los poderes públicos a la hora de actuar con celeridad y eficacia para frenar la violencia machista.